La despenalización del aborto en Colombia ha permitido que al menos 213.895 mujeres gestantes accedan a procedimientos seguros desde 2022, cuando la Corte Constitucional autorizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación.

Así lo informó este viernes Profamilia, una de las principales organizaciones prestadoras de servicios de salud sexual y reproductiva del país, al cumplirse cuatro años de la sentencia de 2022, considerada un hito en el reconocimiento del aborto como un derecho fundamental.

Según esa organización, solo en 2025 se realizaron 59.532 atenciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, de las cuales el 94,5 % correspondieron a abortos farmacológicos practicados antes de la semana 12 de gestación.

La directora ejecutiva de Profamilia, Marta Royo, afirmó en un comunicado que el país ha tenido avances significativos en la garantía de este derecho, aunque advirtió que persisten retos importantes para su implementación plena.

"Colombia ha avanzado de manera significativa en la garantía del aborto como derecho fundamental. El reto ahora es cerrar las brechas que persisten y asegurar que este derecho se ejerza con la misma calidad, oportunidad y dignidad en todos los territorios", señaló Royo.

Entre los principales obstáculos, la organización destacó las desigualdades territoriales, que afectan especialmente a mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y a quienes viven en zonas apartadas, donde el acceso a servicios de salud es más limitado.

Desde el fallo de la Corte Constitucional, organizaciones sociales se han sumado a la advertencia de que, pese a la despenalización, persisten barreras administrativas, geográficas y culturales que dificultan el acceso oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo.

Según la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, entre febrero de 2022 y febrero de 2025 esa organización acompañó 1.569 casos de mujeres que enfrentaron obstáculos para acceder al procedimiento, muchos relacionados con falta de información, demoras o negativa de prestadores de salud.

En ese contexto, Profamilia subrayó la necesidad de fortalecer la red pública sanitaria, capacitar al personal médico, garantizar el acceso a información sin estigmas y asegurar que la objeción de conciencia sea ejercida de manera individual y no institucional, sin afectar la prestación del servicio.

La organización también consideró clave que, al tratarse este de un año electoral en Colombia, el derecho al aborto forme parte del debate público y que los candidatos asuman compromisos concretos para garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

Colombia cuenta actualmente con una de las legislaciones más amplias de América Latina en esta materia, en contraste con otros países de la región donde el aborto sigue estando restringido o prohibido, lo que ha llevado a organizaciones sociales a insistir en la importancia de garantizar su acceso efectivo.

EFE